SACRAMENTO, California — La administración Trump ha extendido su política de mano dura en inmigración a la red de atención médica pública, iniciando investigaciones sobre el gasto de Medicaid en al menos seis estados liderados por demócratas.
Estos estados brindan cobertura médica integral a inmigrantes pobres y con discapacidades que viven en el país sin estatus migratorio permanente.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) están examinando los pagos que cubren atención médica para personas sin papeles, para asegurarse que no haya malgasto, fraude o abuso, según registros públicos obtenidos por KFF Health News y The Associated Press.
Si bien el gobierno federal permite que los estados facturen servicios de emergencia y atención relacionada con el embarazo para estos inmigrantes, funcionarios federales han enviado cartas a agencias estatales de salud en California, Colorado, Illinois, Minnesota, Oregon y Washington notificando que están revisando pagos estatales y federales por otros servicios médicos, como medicamentos recetados y atención especializada.
La agencia federal indicó a los estados que está revisando estos reclamos como parte de su compromiso por mantener la integridad financiera de Medicaid.
El principal objetivo es California, después que el propio estado informara haber cobrado de más al gobierno federal por servicios ofrecidos a inmigrantes sin estatus legal, por al menos $500 millones, lo que generó la amenaza de una demanda.
Según una carta con fecha del 18 de marzo, “si los CMS determinan que California está usando fondos federales para pagar o subsidiar atención médica para personas sin un estatus migratorio satisfactorio, para los cuales está prohibido por ley el financiamiento federal… los CMS aplicarán con diligencia todas las estrategias de cumplimiento disponibles, incluidas, de acuerdo con la ley aplicable, reducciones en la participación financiera federal y posibles derivaciones al fiscal general de Estados Unidos para una posible demanda contra California”.
Las investigaciones surgen mientras la Casa Blanca y el Congreso, controlado por los republicanos, recortan el gasto público en atención médica para inmigrantes, mediante los recortes de la ley fiscal y presupuestaria del presidente Donald Trump aprobada este verano. La administración también está impulsando que se elimine de Medicaid a las personas que viven en el país sin papeles.
Expertos en políticas de salud advierten que estas acciones podrían dificultar el acceso a atención médica y dejar vulnerables desde el punto de vista financiero a hospitales, clínicas y otros proveedores que forman parte de la red de seguridad.
Algunos estados liderados por demócratas —como California, Illinois y Minnesota— ya han tenido que reducir o finalizar sus programas de Medicaid para inmigrantes debido al aumento de los costos. Colorado también está considerando recortes por exceso de gastos.
Al mismo tiempo, 20 estados están demandando al gobierno federal por entregar datos de Medicaid de millones de beneficiarios a las autoridades migratorias. Un juez federal detuvo temporalmente esa acción. Rob Bonta, fiscal general de California, quien lidera este desafío, sostiene que la administración Trump está lanzando un ataque político contra los estados que incluyen a inmigrantes en sus programas de Medicaid.
“La idea de que hay malgasto, fraude y abuso es inventada”, dijo Bonta. “Es un pretexto. Es una frase genérica que usan para justificar su agenda antiinmigrante predeterminada”.
Grupo demográfico en la mira de Trump
Los inmigrantes sin estatus migratorio permanente no son elegibles para acceder a la cobertura médica completa de Medicaid. Sin embargo, los estados sí pueden facturar al gobierno federal por atención de emergencia y servicios relacionados con el embarazo que se ofrezcan a cualquier persona.
Catorce estados, y Washington, D.C., han ampliado sus programas de Medicaid con sus propios fondos para cubrir a niños de bajos recursos sin papeles. Siete de esos estados, además de D.C., también ofrecen cobertura integral a algunos adultos inmigrantes que viven en el país sin autorización.
La administración Trump parece estar enfocándose exclusivamente en los estados que ofrecen cobertura completa de Medicaid tanto a niños como a adultos sin papeles. Por ejemplo, Utah, Massachusetts y Connecticut, que sólo cubren a niños inmigrantes, no han recibido cartas. Los CMS se negaron a proporcionar una lista completa de los estados bajo investigación.
Funcionarios federales sostienen que es su derecho y responsabilidad legal examinar si los estados están usando mal los fondos de Medicaid para cubrir la atención médica de inmigrantes, y aseguran que están tomando “acciones decisivas para detenerlo”.
“Es un tema de interés nacional que algunos estados hayan sobrepasado los límites de la ley de Medicaid al ofrecer beneficios extensos a personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”, dijo Catherine Howden, vocera de los CMS, refiriéndose a la auditoría en estados específicos. Este escrutinio busca “asegurar que los fondos federales se reserven para personas legalmente elegibles, y no para experimentos políticos que violan la ley”, dijo.
Investigadores en políticas de salud y economistas afirman que ofrecer cobertura médica a inmigrantes para servicios preventivos y tratamiento de enfermedades crónicas puede evitar gastos mayores en el futuro. También ayuda a contener el aumento de las primas y reduce la atención no remunerada en hospitales y clínicas.
Francisco Silva, presidente y director ejecutivo de la California Primary Care Association, advirtió que la administración Trump está poniendo en riesgo el acceso a servicios de salud, y elevando los costos.
“El impacto sería que las salas de emergencia se saturarían, las ambulancias tendrían que ser desviadas y personas con emergencias reales no podrían entrar al hospital, además de riesgos de salud pública como brotes de enfermedades”, expresó Silva.
California ha adoptado un enfoque de atención médica para todos, y ofrece cobertura de salud a 1.6 millones de inmigrantes sin estatus legal. La expansión, implementada entre 2016 y 2024, se estima que costará $12.400 millones este año. De ese total, $1.300 millones son financiados por el gobierno federal para servicios de emergencia y relacionados con el embarazo.
Durante la implementación de la expansión, California facturó erróneamente al gobierno federal por servicios ofrecidos a inmigrantes sin estatus legal, según detalles no informados previamente, que ex funcionarios federales compartieron con KFF Health News y The Associated Press. El estado cobró de forma incorrecta por servicios como atención de salud mental y adicciones, medicamentos recetados y atención dental.
Jacey Cooper, quien fue directora de Medicaid en California entre 2020 y 2023, dijo que detectó el error y lo reportó a los reguladores federales. Cooper aseguró que el estado ha estado trabajando para reembolsar al menos $500 millones identificados por el gobierno federal.
“Una vez que identifiqué el problema, creí que era muy importante reportarlo, y lo hicimos”, dijo Cooper. “Nos tomamos muy en serio el malgasto, fraude y abuso”.
No está claro si ese dinero ya se devolvió. La agencia estatal de Medicaid dice que no sabe cómo los CMS calcularon los pagos indebidos ni “qué se incluye en ese monto, qué período cubre y si ya fue devuelto o no”, indicó el vocero Tony Cava.
California tiene un programa de Medicaid extremadamente complejo: atiende a la población más grande del país —cerca de 15 millones de personas— con un presupuesto de casi $200.000 millones para este año fiscal.
Matt Salo, experto nacional en Medicaid, dijo que este tipo de errores ocurren en todo el país, ya que el programa está lleno de reglas superpuestas entre los gobiernos estatales y el federal. Salo y otros analistas coinciden en que los estados tienen la autoridad de administrar sus programas de Medicaid según lo consideren adecuado y corregir el uso indebido de fondos federales.
Por su parte, Michael Cannon, director de estudios de políticas de salud en el Instituto Cato —un centro de tendnecia libertaria— afirmó que las acciones de la administración Trump “persiguen a una minoría que es impopular para quienes están en el poder”.
“La administración Trump no puede sostener que este esfuerzo tiene que ver con mantener la integridad financiera del programa Medicaid”, dijo Cannon. “Hay amenazas mucho más grandes para la integridad financiera de Medicaid, por lo que ese argumento no se sostiene”.
Menos, o nada, de cobertura para inmigrantes
A nivel nacional, los republicanos han apuntado al gasto en salud para inmigrantes desde distintos frentes.
La ley de presupuesto del Partido Republicano, que Trump llama la “Grande y Hermosa Ley” (One Big Beautiful Bill), reducirá los reembolsos a los estados a partir de octubre de 2026. Por ejemplo, en California, el reembolso federal por servicios de emergencia para inmigrantes sin estatus legal pasará a ser del 50%, comparado con el 90% actual para la población cubierta por la expansión de Medicaid, según explicó Cava.
La administración Trump también está reduciendo la cobertura de Medicaid para inmigrantes con estatus legal temporal que antes estaban cubiertos, y anunció en agosto que enviará a los estados informes mensuales que destacan a beneficiarios cuyo estatus migratorio no ha sido confirmado por el Departamento de Seguridad Nacional.
“Cada dólar malgastado es un dólar que se le quita a una persona vulnerable y elegible que necesita Medicaid”, dijo en un comunicado Mehmet Oz, administrador de los CMS. “Esta acción subraya nuestro firme compromiso con la integridad del programa, la protección de los recursos públicos y la garantía de que los beneficios se otorguen exclusivamente a quienes son elegibles por ley”.
Los estados bajo revisión aseguran que están cumpliendo con la ley.
“Gastar dinero en un programa de beneficios médicos autorizado por el Congreso que ayuda a las personas a recibir tratamientos de emergencia para cáncer, diálisis y medicamentos antirrechazo para trasplantes de órganos no es, de ninguna manera, malgasto, fraude o abuso”, dijo Mike Faulk, subdirector de comunicaciones del fiscal general del estado de Washington, Nick Brown.
Los registros muestran que funcionarios de Medicaid en Washington han recibido muchas preguntas de los CMS sobre los pagos federales que cubren atención de emergencia y embarazo para inmigrantes sin papeles.
Correos electrónicos revelan que funcionarios de Illinois se reunieron con los CMS y pidieron una prórroga para compartir sus datos. La entidad les negó la solicitud y les advirtió que su financiación podría ser retenida.
“Miles de residentes de Illinois dependen de estos programas para recibir atención médica crítica sin temor a ser deportados”, dijo Melissa Kula, vocera del Departamento de Servicios de Salud y Atención Médica del estado, indicando que cualquier recorte federal sería “imposible” de compensar por parte del estado.
Shastri reportó desde Milwaukee.
El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. AP es el único responsable de todo el contenido.
Esta historia fue producida por Kaiser Health News, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.
