La cobertura de salud para inmigrantes es central en la batalla por la gobernación de California
Durante décadas, los californianos han considerado, en general, que los inmigrantes, quienes representan más de una cuarta parte de la población del estado y un tercio de su fuerza laboral, benefician tanto a California como a su economía. Sin embargo, la inestabilidad presupuestaria y la preocupación por el aumento de los costos han avivado el debate sobre una de las políticas más controvertidas y costosas del estado: permitir que inmigrantes de bajos ingresos, sin estatus migratorio legal, reciban cobertura médica financiada con fondos estatales.
Ahora, el demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton presentan a los votantes dos visiones claramente opuestas en la carrera por la gobernación, en un momento en que el respaldo público a la amplia red de protección social de California comienza a debilitarse.
Ambos candidatos presentan el tema como una cuestión económica.
Becerra, ex secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la presidencia de Joe Biden, sostiene que sería “una insensatez” excluir a los inmigrantes más pobres de la atención médica preventiva y obligarlos a recurrir a costosas salas de emergencia pagadas por los contribuyentes.
Hilton, comentarista conservador respaldado por el presidente Donald Trump, ha prometido eliminar esa cobertura y ha retomado los argumentos de los republicanos a nivel nacional, quienes afirman que la expansión del programa en California refleja fraude y abuso dentro de Medicaid.
Con votantes de todo el país preocupados por la inflación y el aumento del costo de vida, algunos californianos parecen menos dispuestos a respaldar una cobertura médica integral para personas sin estatus migratorio legal. Lo que decida hacer el estado podría tener profundas consecuencias para su sistema de salud y para una de las economías más grandes del mundo.
Durante la última década, los legisladores de California utilizaron recursos estatales para ampliar Medi-Cal y ofrecer cobertura médica integral a todos los residentes de bajos ingresos, independientemente de su situación migratoria.
Pero tanto la inscripción como los costos superaron ampliamente las proyecciones iniciales.
Según la Oficina del Analista Legislativo de California, la cobertura de Medi-Cal para inmigrantes sin estatus legal cuesta actualmente alrededor de $10 mil millones al año, más del doble de lo estimado originalmente.
El gobernador demócrata Gavin Newsom y la Legislatura estatal, que impulsaron la expansión del programa, aprobaron recientemente importantes recortes para este grupo de beneficiarios al concluir que California ya no puede sostener el aumento del gasto en salud, especialmente tras los importantes recortes federales incluidos en la ley fiscal y presupuestaria republicana conocida como One Big Beautiful Bill Act.
La Agencia de Salud y Servicios Humanos de California estima que hasta 3.4 millones de afiliados a Medi-Cal podrían perder cobertura y que el estado dejaría de recibir más de $30 mil millones anuales en fondos federales, lo que provocaría graves alteraciones en la red pública de atención médica.
El presupuesto de Medi-Cal para el año fiscal 2026-2027 asciende a $217 mil millones y el programa atiende a más de 14 millones de californianos.
Mientras tanto, muchos ciudadanos estadounidenses y residentes legales han visto aumentar considerablemente el costo de sus primas de seguro médico este año tras el vencimiento de subsidios federales ampliados.
Cuando California enfrentó un déficit presupuestario el año pasado, una mayoría de los votantes probables expresó, por primera vez en casi una década, su oposición a proporcionar seguro médico a inmigrantes sin estatus legal, según una encuesta del Public Policy Institute of California (PPIC).
“El estado enfrenta grandes desafíos y la atención médica representa uno de los gastos más importantes”, dijo Mark Baldassare, director de encuestas del PPIC. “La gente se ha vuelto más selectiva respecto a cómo quiere que se gasten esos recursos limitados”.
Hilton, cuya campaña se centra en reducir el costo de vida y los impuestos, ha aprovechado ese sentimiento, presentando la cobertura médica para inmigrantes sin documentos como una política profundamente injusta que pone en riesgo la capacidad del estado para atender a sus propios ciudadanos.
“Dejen de quitarles dinero a los contribuyentes californianos, que apenas pueden pagar su propia atención médica, para ofrecer atención gratuita a ciudadanos de otros países que ni siquiera deberían estar aquí”, dijo Hilton en un video publicado en Facebook la mañana de las elecciones primarias del 2 de junio.
Durante la campaña, Hilton prometió utilizar los ahorros derivados de eliminar esa cobertura para reducir los costos médicos del resto de los californianos, aunque no ha explicado cómo lo haría.
Hilton no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por KFF Health News.
“Su mensaje es muy simple: nosotros contra ellos”, afirmó Roger Salazar, consultor político demócrata que representa a una coalición de organizaciones defensoras de la cobertura médica para personas de bajos ingresos.
Esas organizaciones sostienen que brindar acceso a la atención médica fortalece la fuerza laboral y, por lo tanto, beneficia a toda la economía.
“La cuestión consiste en convencer al votante promedio de que, desde el punto de vista económico, es una mejor inversión”, señaló Salazar.
Hijo de inmigrantes, Becerra ha promovido durante décadas la ampliación de los programas de protección social. Como candidato a gobernador mantiene el mismo argumento.
No respondió a las solicitudes de entrevista de KFF Health News.
“Los inmigrantes, tengan o no documentos, trabajan duro. Pagan impuestos y, a veces, sufren accidentes laborales o sus hijos se enferman”, afirmó Becerra durante un debate celebrado el mes pasado.
“Sería una insensatez decirle a una familia que no puede acudir al pediatra o al médico de atención primaria”.
Becerra, quien podría convertirse en el primer gobernador latino elegido por voto popular en California, criticó el año pasado la decisión de Newsom y los líderes legislativos de congelar nuevas inscripciones de adultos sin estatus legal en Medi-Cal, reducir beneficios e imponer primas mensuales.
“Dejemos de tratar la cobertura médica como una variable presupuestaria que se expande cuando hay bonanza económica y se contrae cuando disminuyen los ingresos”, escribió Becerra el mes pasado en respuesta a un cuestionario del Orange County Register.
También ha prometido buscar nuevas fuentes permanentes de ingresos para financiar servicios básicos, incluyendo aumentos de impuestos a las corporaciones y a los residentes con mayores ingresos.
En 2023 vivían en California aproximadamente 2.3 millones de personas sin estatus migratorio legal, equivalentes a cerca del 8 % de la fuerza laboral estatal, según el Pew Research Center.
Además, uno de cada cinco niños californianos vive en una familia donde al menos uno de sus integrantes carece de estatus migratorio legal, de acuerdo con el Departamento de Educación de California.
Economistas especializados en salud sostienen que ofrecer acceso a atención preventiva reduce los costos públicos, a largo plazo, al mantener una fuerza laboral más saludable y disminuir la presión sobre un sistema de salud ya sobrecargado.
Según Baldassare, ese argumento resultaba mucho más convincente durante la pandemia de covid-19, cuando los inmigrantes eran considerados trabajadores esenciales y el vínculo entre la salud individual y la salud pública era mucho más evidente.
Sin embargo, los costos de Medi-Cal para cubrir a aproximadamente 1.4 millones de inmigrantes han aumentado considerablemente, según las estimaciones más recientes del Departamento de Servicios de Atención Médica de California.
Dado que solo algunos inmigrantes con presencia legal califican para Medicaid federal, los estados que deciden cubrir a otros grupos —como California— deben financiar completamente esos beneficios con recursos estatales.
Los expertos presupuestarios del estado han advertido que mantener la cobertura integral para inmigrantes sin obtener nuevas fuentes de ingresos podría poner en riesgo la estabilidad fiscal de California a largo plazo.
Durante una audiencia legislativa el año pasado, el legislador estatal republicano Carl DeMaio cuestionó si los contribuyentes considerarían prioritaria esa expansión.
“Dudo que la atención médica para inmigrantes indocumentados, financiada con el fondo general, ocupe los primeros lugares de sus prioridades”, dijo.
Después de que la Legislatura aprobara los recortes al programa, el apoyo ciudadano a esa cobertura disminuyó aún más, señaló Baldassare.
Actualmente, Newsom y los legisladores negocian nuevos recortes.
David Hayes-Bautista, director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de UCLA, ha dedicado su carrera a estudiar la contribución económica de los latinos y los inmigrantes.
Según explicó, las personas sin estatus migratorio legal presentan tasas de participación laboral superiores al promedio y suelen trabajar en sectores que no ofrecen seguro médico patrocinado por los empleadores.
Como consecuencia, muchos dependen de Medi-Cal y el estado termina asumiendo esos costos en lugar de las empresas.
“California tiene el cuarto producto interno bruto (PIB) más grande del mundo, y eso es posible gracias a los latinos”, afirmó Hayes-Bautista.
“Sin la contribución económica de los latinos —muchos de ellos sin estatus legal— California descendería al octavo lugar, con una economía similar a la de Italia.”
Las organizaciones defensoras de los inmigrantes esperan que, si llega a la gobernación, Becerra sea un aliado más firme en la defensa de la cobertura médica.
Es considerado el favorito en un estado donde los demócratas superan en número a los republicanos por casi dos a uno.
“Él luchará, responderá y hará todo lo que esté a su alcance”, dijo la senadora estatal María Elena Durazo, exdirigente sindical y una de las principales impulsoras de la expansión de la atención médica para inmigrantes.
“Eso es lo máximo que podemos esperar.”