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En demandas federales, cientos de detenidos en al menos 33 estados alegan que los centros de detención de inmigrantes no están proporcionando atención médica adecuada, revela una investigación de KFF Health News y The Associated Press.
Social Circle presentó una demanda en una corte federal contra el ICE que argumenta que la construcción de un centro de detención pondría presión sobre los sistemas locales de agua potable y tratamiento de aguas residuales.
Varios estados están llevando los requisitos federales de reportar a las autoridades migratorias un paso más allá: usando sus agencias de salud pública como instrumentos de control migratorio.
Dos proyectos de ley que avanzan en el Senado estatal buscan impedir que agentes de inmigración aíslen a pacientes de sus seres queridos e interfieran con su capacidad de obtener ayuda legal.
La situación comenzó a agravarse durante el verano, impulsada por las noticias sobre redadas migratorias en todo el sur de California.
El gobierno federal no lleva un registro de cuántos niños han ingresado a este sistema como consecuencia de operativos de control migratorio, lo que dificulta saber con qué frecuencia ocurre.
Las agencias estatales de Medicaid pueden tener dificultades para mantener suficiente personal que ayude a las personas a inscribirse en los beneficios. La salud puede estar en peligro.
La ley One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump, prohíbe que ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal accedan a Medicare.
Siete meses después, los resultados de cinco estados compartidos con KFF Health News muestran que las revisiones han encontrado poca evidencia de que este sea un problema generalizado.
Se supone que la agencia que cuida a niños que llegan solos al país deben reunirlos pronto con sus familias o cuidadores. Pero cada vez más los usan como “carnada” para arrestar a los padres.
La Junta de Supervisores del condado aprobó la propuesta en febrero para incluirla en la boleta de las elecciones primarias del 2 de junio.
Trabajadores de salud dicen que los agentes de inmigración siguen apostados en los estacionamientos de hospitales. Y drones sobrevuelan zonas agrícolas en las afueras de Minneapolis, donde inmigrantes somalíes y latinos se han establecido en los últimos años.
El esfuerzo de deportación masiva del presidente Donald Trump ha llevado a un número récord de inmigrantes detenidos en centros federales, cárceles locales y prisiones privadas. La situación pone en riesgo la salud de los detenidos.
Oficiales del Servicio de Salud Pública que trabajaron en Guantánamo el año pasado describieron las condiciones en las que se encontraban los detenidos inmigrantes.
Ponerlos al tanto de estos riesgos podría disuadirlos de inscribirse en el Medicaid de Emergencia, que ofrece atención médica de urgencias a inmigrantes que no califican para la cobertura regular de Medicaid.
Todos los estados ofrecen cobertura de Medicaid a las mujeres embarazadas que cumplen con ciertos requisitos de ingresos. Pero cambia dependiendo del estado.
Enfrentan grandes barreras para localizar a los pacientes, saber cómo están de salud y brindarles apoyo legal y emocional.
El aumento en el diagnóstico y la conciencia sobre el autismo ha hecho que más familias busquen tratamiento para sus hijos. Una terapia en especial ha resultado exitosa.
Nueva ley recorta más de $900.000 millones en financiamiento federal para Medicaid. También elimina alrededor de $187.000 millones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.
A casi dos semanas de iniciada la operación llamada Catahoula Crunch, que comenzó el 3 de diciembre, profesionales de salud y defensores comunitarios en Louisiana y Mississippi reportan un aumento inusual de pacientes inmigrantes que se han salteado citas médicas.
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