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La separación de los padres perjudica psicológicamente a los niños. Destroza a las familias y con frecuencia deja al padre, madre o cuidador que queda a cargo luchando por mantener una vivienda, comprar alimentos y atender las necesidades médicas de los niños.
Si Becerra logra la victoria en noviembre, como sugieren las encuestas, enfrentará lo que podría ser la caída más pronunciada de la cobertura de salud en una generación.
Cada año, cientos de niños son hospitalizados en Florida por heridas de bala y, en una proporción abrumadora, provienen de un número muy reducido de códigos postales, según halló un análisis exclusivo de datos hospitalarios realizado por KFF Health News y The Trace.
Un paciente venezolano, sin seguro médico y con una hernia inguinal, realiza un “viaje” continental en busca de un precio razonable para su cirugía. Fue una odisea con lecciones aprendidas.
Trabajos estacionales. Horarios imposibles. Traslados frecuentes. Pagos en efectivo y tareas informales. Para los trabajadores agrícolas que dependen de Medicaid, estos patrones laborales tan comunes podrían poner en riesgo su cobertura médica.
El demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton presentan a los votantes dos visiones claramente opuestas en la carrera por la gobernación, en un momento en que el respaldo público a la amplia red de protección social de California comienza a debilitarse.
A partir del 1 de julio, la cantidad de dinero que los estudiantes de posgrado podrán pedir prestado al gobierno federal tendrá un límite. Los nuevos topes forman parte de la ley fiscal y presupuestaria republicana conocida como One Big Beautiful Bill Act, que el presidente Donald Trump firmó el año pasado.
Estos niños son separados, a veces de forma abrupta y traumática, de los adultos de quienes dependen. Algunos padres han sido arrestados mientras dejaban a sus hijos en la escuela, dentro de sus hogares o durante citas de control migratorio, incluso en presencia de sus hijos.
La ley exige que el Departamento de Salud verifique la ciudadanía estadounidense de quienes solicitan Medicaid, cancele la cobertura de quienes presenten pruebas “insatisfactorias" y reporte a esos solicitantes al ICE.
En demandas federales, cientos de detenidos en al menos 33 estados alegan que los centros de detención de inmigrantes no están proporcionando atención médica adecuada, revela una investigación de KFF Health News y The Associated Press.
Social Circle presentó una demanda en una corte federal contra el ICE que argumenta que la construcción de un centro de detención pondría presión sobre los sistemas locales de agua potable y tratamiento de aguas residuales.
Varios estados están llevando los requisitos federales de reportar a las autoridades migratorias un paso más allá: usando sus agencias de salud pública como instrumentos de control migratorio.
Dos proyectos de ley que avanzan en el Senado estatal buscan impedir que agentes de inmigración aíslen a pacientes de sus seres queridos e interfieran con su capacidad de obtener ayuda legal.
La situación comenzó a agravarse durante el verano, impulsada por las noticias sobre redadas migratorias en todo el sur de California.
El gobierno federal no lleva un registro de cuántos niños han ingresado a este sistema como consecuencia de operativos de control migratorio, lo que dificulta saber con qué frecuencia ocurre.
Las agencias estatales de Medicaid pueden tener dificultades para mantener suficiente personal que ayude a las personas a inscribirse en los beneficios. La salud puede estar en peligro.
La ley One Big Beautiful Bill Act del Partido Republicano, firmada en julio pasado por el presidente Donald Trump, prohíbe que ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal accedan a Medicare.
Siete meses después, los resultados de cinco estados compartidos con KFF Health News muestran que las revisiones han encontrado poca evidencia de que este sea un problema generalizado.
Se supone que la agencia que cuida a niños que llegan solos al país deben reunirlos pronto con sus familias o cuidadores. Pero cada vez más los usan como “carnada” para arrestar a los padres.
La Junta de Supervisores del condado aprobó la propuesta en febrero para incluirla en la boleta de las elecciones primarias del 2 de junio.
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