De acuerdo con defensores, a medida que las autoridades de inmigración de los Estados Unidos se vuelven más estrictas bajo la administración Trump, más familias inmigrantes están cortando vínculos con los servicios de atención médica y otros programas gubernamentales críticos.
En Texas, investigadores que estudian el tema dicen que es una razón importante por la que más niños no están teniendo seguro médico.
Ana, quien vive en el centro de Texas con su esposo y sus dos hijos, tiene cada vez más dudas sobre buscar o no ayuda del gobierno. En particular, le preocupa obtenerla para su hija Sara, de 9 años, quien tiene un diagnóstico de autismo.
Ana entró al país sin papeles hace unos 10 años, por lo que NPR y KHN acordaron no usar su apellido. Sus dos hijos nacieron en los Estados Unidos y han tenido cobertura de Medicaid durante años. Pero desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, Ana ha estado usando el programa solo para lo básico, como chequeos y vacunas para los niños.
Esta decisión de renunciar a la atención tiene un costo. Controlar el comportamiento de Sara ha sido un desafío, incluso después que el diagnóstico de autismo les dio cierta claridad a sus padres. Sara tiene perretas, a veces en lugares públicos. A Ana le resulta difícil calmar a su hija, y la situación se ha vuelto más incómoda a medida que Sara crece.
“Para otras personas, Sara parece una mocosa malcriada”, dijo Ana.
Después del diagnóstico, Ana se sintió insegura acerca de los siguientes pasos. Finalmente, acudió a una organización sin fines de lucro en Austin llamada Vela, que guía y apoya a los padres cuyos hijos tienen discapacidades.
En Vela, Ana aprendió sobre una variedad de servicios a los que Sara podría acceder a través de su plan de Medicaid, incluida una terapia para ayudar a que la niña se comunicara mejor.
Sin embargo, la idea de pedir más servicios gubernamentales para su hija aumentó la ansiedad de Ana. “Estoy buscando grupos que no estén asociados con el gobierno”, explicó.
Ana se encuentra en medio de un largo y costoso proceso legal para solicitar la residencia permanente (tarjeta verde o green card). Recientemente, la administración Trump anunció que podría hacer más estricta la parte de este proceso relacionada con la evaluación para decidir si el solicitante es o no una “carga pública”.
La evaluación examina cuántos servicios del gobierno utiliza actualmente una persona que está solicitando la residencia permanente, o los que podría usar más adelante en la vida. Si una persona usa muchos servicios del gobierno, podría suponer una carga financiera neta para el presupuesto federal, o al menos lo que ese uso indicaría. Los algoritmos del gobierno son complejos, pero la “carga pública” es parte de la determinación sobre quién recibe una tarjeta de residencia y quién no.
El cambio en la regla propuesto por la administración Trump, que quizás ni siquiera llegue a implementarse, ya ha llevado a muchos solicitantes, o a los que aspiran a solicitarla, a desconfiar de todos los servicios del gobierno, incluso de aquellos que no afectarían sus solicitudes.
“Temo que no me den un estatus de residente legal”, dijo Ana.
Su esposo ya tiene la residencia, y la pareja está decidida a no poner en peligro la solicitud en curso de Ana. Así que, solo para estar seguros, evitarán buscar más ayuda del gobierno. A pesar que su hija, que es ciudadana, necesita más terapia de la que está recibiendo en este momento.
“Me siento mal por tener que hacer esto”, dijo Ana.
Ana dice que le encantaría que su hija reciba tratamiento para el autismo, pero ha decidido que no hay nada más importante que obtener esa tarjeta verde para mantener a la familia unida en los Estados Unidos.
“Me estoy encontrando con familias que, cuando es hora de volver a inscribirse o volver a presentar una solicitud, están cuestionando si deberían hacerlo”, dijo Nadine Rueb, trabajadora social clínica quien se ocupa del caso de Ana en Vela.
Rueb dijo que son varios los temores detrás del rechazo de los inmigrantes a recibir servicios del gobierno. Algunos permanecen “fuera del radar” para evitar la deportación inmediata. Otros se parecen más a Ana: solo quieren estar en la mejor posición posible para finalmente obtener un estatus legal permanente y seguir adelante con sus vidas.
“El clima de miedo está muy generalizado en este momento, y hay mucha desinformación”, dijo Cheasty Anderson, asociada principal de políticas del Children’s Defense Fund en Texas.
Anderson dijo que cree que los temores de los padres han provocado un aumento en el número de niños que no tienen cobertura médica en el estado.
Un estudio reciente del Center for Children and Families de la Universidad de Georgetown encontró que 1 de cada 5 niños sin seguro en el país, vive en Texas. Y un gran porcentaje de esos niños sin cobertura son latinos.
El informe muestra que después de años de disminución constante, el número (y el porcentaje) de niños sin seguro en el país aumentó en 2017, el primer año de la presidencia de Trump. A nivel nacional, el 5% de todos los niños no tienen seguro, y en Texas la tasa aumentó a 10.7%, comparado con 9.8% en 2016.
Joan Alker, autora del informe de Georgetown, dijo que el esfuerzo de la administración Trump para reprimir tanto la inmigración legal como la ilegal es uno de los muchos factores que elevan las tasas de personas sin seguro. Y se percibe especialmente en Texas, en donde una cuarta parte de los niños tiene un padre que es indocumentado o que está tratando de obtener su residencia legal.
“Para estas familias de estatus mixto, es probable que exista un mayor temor de interactuar con el gobierno, y esto puede disuadirlos de inscribir a sus hijos elegibles para recibir atención médica patrocinada por el gobierno”, dijo Alker en una llamada telefónica con periodistas en noviembre, cuando se publicó el informe.
Anderson, del Children’s Defense Fund en Texas, dijo que las repercusiones son más difíciles para los niños con discapacidades, que realmente necesitan servicios.
“Texas se enorgullece de ser Texas de muchas maneras, pero ésta es una de las formas en que nos estamos fallando a nosotros mismos”, dijo.
Desde la perspectiva de Rueb, especialista en derechos de las personas con discapacidad, el momento es un tema esencial para estos niños.
“Cuanto antes se detecte [el diagnóstico o la condición], más pronto se brindará apoyo al niño [y], antes se apoyará a la familia”, dijo Rueb. “Creo que es algo en lo que todos ganamos. Estás apoyando las emociones de la familia, y eso ayuda al niño”.
Ana dijo que, por ahora, está confiando en los servicios que ofrece la escuela pública de su hija, que no se cuentan en la evaluación de “carga pública” del gobierno federal. Y así seguirá hasta que obtenga su tarjeta verde.
Esta historia es parte de una asociación que incluye KUT, NPR y Kaiser Health News
