OAKLAND, California- El doctor Nick Nelson recorre el ajetreado Hospital Highland hasta una sala de examen en el sexto piso, en donde ve pacientes de todo el mundo que dicen haber huido de la tortura y la violencia.
Nelson, quien practica medicina interna, es el director médico de Highland Human Rights Clinic, que forma parte del Sistema de Salud de Alameda. Unos días a la semana, Nelson y su equipo realizan evaluaciones médicas de personas que buscan asilo en los Estados Unidos. Los doctores escuchan las historias de los pacientes. Buscan signos de trauma. Miran con lupa lesiones físicas, incluidas cicatrices de tortura por descargas eléctricas, heridas de bala y huesos rotos.
A medida que la administración Trump busca reducir el número de solicitantes de asilo, citando vacíos legales y reclamos fraudulentos, esta clínica, y otras similares en San Diego, Los Ángeles, Nueva York y Chicago, buscan evidencia que pueda ayudar a determinar si alguien debe obtener asilo.
La clínica de Highland se abrió en 2001 para que los solicitantes de asilo y los refugiados tuvieran un lugar en donde recibir atención médica. Cinco años más tarde, el personal comenzó a ofrecer exámenes forenses con el objetivo de discernir si había evidencia de tortura o abuso. Nelson, quien asumió el cargo de director en 2012, dice que realizan entre 80 y 120 evaluaciones cada año.
Nelson y sus colegas diagnostican dolencias físicas y psicológicas y, en muchos casos, corroboran las afirmaciones de estos pacientes sobre cómo fueron heridos. A veces, los solicitantes de asilo tienen una cobertura de salud que paga los exámenes, pero el condado cubre el costo para aquellos que no.
“Nuestro trabajo es asegurarnos que la oficina de asilo comprenda todos los hechos médicos y psicológicos sobre el caso de un individuo para que puedan tomar una decisión”, explicó Nelson.
Nelson basa sus conclusiones en un protocolo reconocido a nivel internacional para la documentación de la tortura.
Por ejemplo, se le puede pedir que juzgue si una cicatriz o lesión podría haber ocurrido según lo describe el paciente. A veces, dijo Nelson, los abogados le piden que responda preguntas específicas, como: “¿Esta cicatriz es consistente con una quemadura de cigarrillo?” O “¿Estas marcas en la espalda son consistentes con los golpes ocasionados por un tubo metálico?”.
Nelson recibió capacitación médica para saber qué observar en casos de tortura. También aplica su experiencia general como médico para entrevistar y examinar a estos pacientes, y ha aprendido sobre los países de los que están huyendo los solicitantes de asilo, y las lesiones que pueden haber sufrido.
Por ejemplo, cuando alguien es golpeado con un objeto largo y rígido, produce un par de hematomas paralelos, como las vías del ferrocarril, explicó.
“Eso es algo específico que no aprendí en la escuela de medicina o durante la residencia”, dijo, “lo aprendí atendiendo a muchas personas que han sido torturadas”.
Nelson dijo que, en la mayoría de los casos, encuentra pruebas que respaldan las historias que le cuentan sus pacientes. Pero también hay exámenes que no arrojan evidencia definitiva.
El doctor también se ocupa de las necesidades de salud de los solicitantes de asilo, que a veces por primera reciben un diagnóstico de tuberculosis o VIH. Casi todos los pacientes que ve necesitan referencias de salud mental, luego de años de tortura o abuso en sus países de origen.
Uno de los pacientes a los que trató recientemente es Juan López Aguilar, de 60 años, un indígena maya que huyó de Guatemala hace tres años. Dijo que fue golpeado y amenazado de manera intermitente durante casi cuatro décadas debido a su origen étnico, y que temía por su vida. El hijo de López Aguilar fue asesinado en 2005 y su hija huyó debido a amenazas, explicó su abogado.
“Estoy preocupado”, dijo López Aguilar al médico a través de un intérprete, mientras se sentaba en el consultorio. “Hay muchas pandillas. Quieren matar a personas de mi comunidad”.
Primero, Nelson examinó y entrevistó a López Aguilar a principios de la primavera y escribió un informe que corroboraba el relato del hombre por su caso de asilo, presentado formalmente el año pasado.
López Aguilar, quien creció en una familia de campesinos, le dijo a Nelson que su comunidad fue atacada por soldados cuando tenía 20 años y que su padre fue asesinado durante ese ataque. López Aguilar se mudó a otra región de Guatemala, donde continuó siendo víctima de “acoso, extorsión y amenazas basadas en la raza”, dijo Nelson.
La historia del hombre se hace eco de las de otros pacientes de la clínica, dijo Nelson, y la violencia y la discriminación contra los guatemaltecos de habla maya son comunes.
López Aguilar, quien ha trabajado de lavaplatos, ahora ha regresado a la clínica para una cita médica regular. Le cuenta al médico en su lengua materna que ha tenido fuertes dolores de cabeza y mareos poco después de llegar a los Estados Unidos.
Su esposa y algunos de sus hijos están de vuelta en Guatemala, explicó, y no puede presentar una petición para traer a su esposa a los Estados Unidos hasta que, y a menos que se le conceda, el asilo. Eso no será antes de 2020, cuando está programada la fecha de su audiencia.
Hombres como López Aguilar han enfrentado dificultades cada vez más difíciles desde principios de junio, cuando el fiscal general de los Estados Unidos Jeff Sessions anunció que la violencia de pandillas y el abuso doméstico ya no se considerarían motivos para otorgar asilo.
Para ser elegibles para asilo, los solicitantes deben demostrar que enfrentan violencia física, o tienen miedo, en base a factores como la raza, la etnia o la religión.
Incluso antes de la reciente ofensiva de la administración Trump, obtener asilo era difícil y requería mucho tiempo. En 2017, solo el 38% de los solicitantes de asilo obtuvieron ese estatus, de acuerdo con datos del no partidista Transactional Records Access Clearinghouse, de la Syracuse University.
Las políticas federales más duras, incluidas las detenciones en la frontera, han generado ansiedad e incertidumbre entre quienes solicitan asilo y sus defensores, y entre los abogados de inmigración.
“Todos los días es una montaña rusa”, dijo Haregu Gaime, abogado de Oakland, quien frecuentemente envía a sus clientes a la clínica de Highland.
Niloufar Khonsari, directora ejecutiva de Pangea Legal Services, un grupo de defensa legal del Área de la Bahía, en San Francisco, dijo que los obstáculos no disuadirán a las personas de buscar un lugar seguro para vivir o de buscar ayuda legal para permanecer en los Estados Unidos.
Cuando los solicitantes son examinados en la clínica de Highland, dijo Khonsari, “definitivamente hace una diferencia para los jueces”.
Gaime explicó que los informes de la clínica a menudo ayudan a corroborar las experiencias de sus clientes de una manera que su testimonio por sí solo no puede.
“A veces una persona traumatizada no puede transmitir lo que les sucedió de una manera que cuente la historia completa”, dijo.
Ira Mehlman, vocero de la Federation for American Immigration Reform, que favorece controles más estrictos sobre inmigración, señaló que existen límites a la capacidad del médico para interpretar estos casos. Los médicos pueden corroborar si alguien sufrió una lesión, dijo, pero no necesariamente las circunstancias que lo llevaron a hacerlo. “Y no pueden determinar si fue por persecución política”, agregó.
Mehlman dijo que no hay duda que hay violencia en Centroamérica, y que las pandillas son desenfrenadas, pero los Estados Unidos no puede aceptar a todos los que están en peligro.
La misma mañana que Nelson vio a López Aguilar en la clínica de Highland, también examinó a Gebremeskl Tefamicael, un solicitante de asilo de Eritrea. Nelson tomó notas mientras escuchaba la historia de Tefamicael de cuando fue reclutado por el ejército, y luego encarcelado y torturado.
Nelson le preguntó a Tefamicael exactamente qué habían usado sus torturadores para atarlo. Era una cuerda hecha de corteza de árbol, respondió el paciente, mientras Nelson escribía en su cuaderno una descripción de las cicatrices en las muñecas de Tefamicael.
Después, el informe de Nelson para la corte indicó que las cicatrices físicas y el estado psicológico de Tefamicael eran consistentes con la descripción del hombre de lo que le sucedió.
Nelson dijo que se involucró con la clínica porque quería tratar a personas que no recibían atención. Las personas que huyen de sus países y buscan asilo aquí son “definitivamente una de las comunidades más… desatendidas y generalmente marginadas”, opinó.
A menudo, Nelson no escucha hasta meses o años después si a sus pacientes se les ha otorgado asilo. Pero cuando la solicitud es aprobada, dice que ve un cambio tremendo.
Obtener asilo no elimina el trauma, pero alivia a estas personas del temor de regresar a un país donde no están seguras, dijo Nelson.
“Cuando a alguien se le concede el asilo, y fuiste parte de demostrar que lo merecía, te hace sentir realmente bien”, agregó.
La cobertura de KHN en California es apoyada en parte por Blue Shield of California Foundation.