Nueva ley en Louisiana disuade a los inmigrantes de solicitar Medicaid

En su casa cerca de Nueva Orleans, la hija de 4 años de Yolibeth se lanzó de cabeza sobre un cómodo sofá de cuero y le puso un cepillo de pelo en las manos a Miriam Romero, una coordinadora de salud que trabaja con la familia. Romero sentó a la niña en su regazo y comenzó a cepillarle el cabello oscuro.

Yolibeth, una madre soltera de 38 años que hace 15 años se mudó desde Honduras al sur de Louisiana, las observaba sonriendo. La niña es la menor de cinco hermanos que viven en este hogar con estatus migratorio mixto. Yolibeth y sus dos hijos mayores no tienen estatus migratorio legal, pero los otros tres —de 4, 9 y 13 años— nacieron en EE.UU. y son ciudadanos.

Todos los niños nacidos en EE.UU. fueron inscritos en Medicaid al nacer, lo que permitió que tuvieran chequeos médicos regulares cuando eran pequeños. Los dos hijos mayores, de 15 y 17 años, nunca han tenido seguro médico, por lo que Yolibeth depende de clínicas comunitarias de bajo costo, cuando puede pagarlas.

A Yolibeth le preocupa que el acceso a la atención médica de todos sus hijos se esté desvaneciendo. Lleva meses esperando saber si se aprobará la renovación de Medicaid de algunos de ellos. Aunque no está solicitando cobertura para sí misma, teme que las solicitudes sean rechazadas debido a una nueva ley de Louisiana dirigida a los beneficiarios de Medicaid que no son ciudadanos. Le preocupa especialmente el acceso de su hija de 4 años a la atención médica de rutina y a las vacunas obligatorias de la infancia.

En Louisiana, donde el 36% de los residentes está inscrito en Medicaid, la nueva ley estatal agudizó esos temores. La ley exige que el Departamento de Salud verifique la ciudadanía estadounidense de quienes solicitan Medicaid, cancele la cobertura de quienes presenten pruebas “insatisfactorias” de su estatus y reporte a esos solicitantes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE).

Desde que la medida fue aprobada en Louisiana, leyes similares se sancionaron en North Carolina, Wyoming, Indiana y Tennessee. Al menos otros tres estados estaban considerando normas similares este año.

“No puedo acceder a los mismos servicios, y por eso mi hija no está recibiendo lo que necesita para crecer sana”, explicó Yolibeth en español mientras la niña reía en el sofá.

Verite News y KFF Health News acordaron no usar el apellido de Yolibeth porque ella teme repercusiones relacionadas con su estatus migratorio.

Romero, que trabaja para el grupo local de defensa de inmigrantes Familias Unidas en Acción, contó que en una sola semana recibió llamadas de ocho familias inmigrantes cuyas solicitudes de Medicaid para hijos ciudadanos habían sido rechazadas.

“Por la ley que se aprobó en Louisiana, todos los días hay niños que pierden su Medicaid. Y mientras más tiempo pasa, más niños se ven afectados”, señaló en español.

Romero agregó que es probable que antes de que termine el año Medicaid haya rechazado a todos los niños de familias con estatus migratorio mixto.

Quedarse sin atención médica

En una encuesta de KFF y The New York Times realizada a nivel nacional, muchos inmigrantes admitieron que el año pasado dejaron pasar o postergaron su atención médica por diversas razones: los costos, las dificultades para encontrar servicios y los temores relacionados con su estatus migratorio o el de un familiar.

Los inmigrantes sin estatus legal fueron quienes con mayor frecuencia omitieron o retrasaron la atención médica para ellos mismos o para sus hijos. Cada vez son más los inmigrantes que evitan solicitar programas como Medicaid por miedo a llamar la atención sobre su situación migratoria o la de algún familiar, incluso cuando califican para recibir ayuda.

El representante estatal Chance Keith Henry, republicano y autor de la iniciativa en Louisiana, no respondió a las llamadas ni correos electrónicos de Verite News, que le pedían que comentara los efectos de la ley. Durante un debate en la Cámara de Representantes estatal el año pasado, dijo que no esperaba que la medida tuviera un efecto disuasorio sobre los inmigrantes que buscan atención médica. También afirmó que los niños nacidos en EE.UU. de padres sin estatus legal seguirían recibiendo Medicaid.

“Esto es para garantizar que se atienda a los ciudadanos estadounidenses y a nuestros contribuyentes, y no los inmigrantes indocumentados”, argumentó durante el debate legislativo de mayo de 2025.

Funcionarios estatales de salud aseguraron que los solicitantes de Medicaid no pueden ser reportados a ICE bajo esta ley sin una solicitud formal de investigación por parte de “las autoridades competentes”. De lo contrario, reportarlos sin su consentimiento violaría las leyes federales de Medicaid y de privacidad.

Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que la ley ha tenido un efecto intimidatorio sobre las solicitudes y ha provocado que familias inmigrantes pierdan atención médica y recursos a los que tienen derecho.

También señalaron que cerrarles la puerta a esos servicios agrava el temor generado por las redadas migratorias en estados como Louisiana y Minnesota. También influyen los cambios en políticas federales, como un acuerdo para compartir datos entre ICE y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), y la reducción en la cantidad de personas no ciudadanas que son elegibles para Medicaid.

Dijeron que la supresión de ese acceso agrava el temor que generan las medidas de control migratorio en estados como Louisiana y Minnesota, así como por cambios en la política federal, como por ejemplo el  acuerdo para compartir datos entre el ICE y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, y la reducción del número de no ciudadanos con derecho a Medicaid.

Los defensores explicaron que no está claro si la nueva ley provocó detenciones o deportaciones de personas que solicitaron Medicaid u otros programas de beneficios públicos. Sin embargo, Aaron Moseley-Saldívar, asesor legal y de políticas públicas de la Organización de Louisiana para Refugiados e Inmigrantes sostuvo que los cambios legislativos y de política sirven para desalentar a las familias inmigrantes, incluso cuando califican para Medicaid como residentes legales, refugiados, solicitantes de asilo u otras personas con estatus legal.

“Las personas no están pidiendo beneficios para los que probablemente sean elegibles porque estas leyes las intimidan y temen quedar atrapadas en el sistema”, aseguró Moseley-Saldívar. “Hay numerosas personas en Louisiana que no salen de sus casas por miedo a políticas como ésta”.

Moseley-Saldívar cree que la ley de Louisiana y medidas similares tienen como objetivo principal excluir a las personas de los servicios públicos. El 27 de mayo, la legislatura estatal aprobó un nuevo proyecto de ley para ampliar la de 2025. La medida se propone restringir aún más cuáles personas no ciudadanas pueden recibir beneficios públicos en Louisiana, aunque las restricciones relacionadas con Medicaid suelen ser determinadas a nivel federal.

La primera actualización anual del Departamento de Salud de Louisiana sobre la nueva ley no contiene datos sobre solicitantes reportados a ICE desde que la ley entró en vigor en agosto pasado. Sin embargo, en febrero de este año, el estado había cancelado la cobertura del 87% de los beneficiarios cuyo estatus migratorio o de ciudadanía no había sido verificado en junio de 2025.

Según el informe, entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, el 1% de los 1,6 millones de personas inscritas en Medicaid en Louisiana no eran ciudadanos, y menos de 4.000 tenían un estatus migratorio no determinado.

“Un arma de doble filo”

A finales del año pasado, más de 600 personas hicieron fila a las 4 de la mañana afuera de una feria de salud organizada por la Organización de Louisiana para Refugiados e Inmigrantes con la esperanza de recibir un chequeo médico gratuito, dijo Sharon Njie, directora de comunicaciones y alianzas estratégicas de esa organización sin fines de lucro. Estaba previsto que la feria comenzara a las 9 de la mañana.

“Tuvimos que empezar a llamar a los médicos para ver si podían llegar a las 7 de la mañana, porque la gente llevaba dos horas esperando en el frío”, contó Njie. “Estábamos totalmente desbordados”.

Romero dijo que algunas familias del área de Nueva Orleans han esperado seis meses para vacunar a sus hijos en eventos gratuitos organizados por proveedores de salud. Pero aclaró que este año se han programado menos eventos gratuitos para niños y aún menos para adultos. Para muchos de los residentes con quienes trabaja, la atención preventiva, como un Papanicolaou o un examen de próstata, están fuera de su alcance.

“El desafío actual es un arma de doble filo: la gente no va al doctor por miedo, pero también termina enfrentando emergencias que son demasiado difíciles de tratar”, dijo Romero. “Es una situación de vida o muerte”.

Njie y Romero intentan conectar a las familias que no tienen otra opción con profesionales de la salud sensibles a la situación de los inmigrantes y dispuestos a absorber el costo de la atención o hacer descuentos, incluidos proveedores médicos que también son inmigrantes.

Pero eso no resuelve los problemas estructurales de acceso a la atención médica que crearon la ley estatal y las políticas federales de inmigración ni la menor calidad de atención para quienes sí logran recibirla. Por ejemplo, una clínica local de Nueva Orleans, Luke’s House, recibe a personas hispanohablantes e inmigrantes, aunque la mayoría del personal son estudiantes de medicina, dijo Romero. El nivel de atención no es el mismo.

Mientras espera noticias sobre las solicitudes de Medicaid de tres de sus hijos, Yolibeth logró obtener para ellos un plan gratuito de seguros a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) de Louisiana. Sin embargo, dijo que no ha encontrado médicos que acepten esa cobertura, por lo que en la práctica siguen sin seguro.

Recientemente, su hijo de 13 años se enfermó y ella quiso llevarlo a un pediatra. Pero no podía pagar los $200 que costaba la consulta, además de los exámenes y medicamentos que pudieran ser necesarios.

Como no tenía un certificado médico que comprobara la enfermedad de su hijo tuvo que enviarlo a la escuela enfermo, exponiendo potencialmente a otros niños a un virus. A comienzos del año escolar, la escuela la citó después de que el chico faltó cinco días por enfermedad. En Louisiana, el ausentismo escolar puede castigarse con multas para los padres, servicio comunitario o cárcel.

Romero contó que si un niño falta demasiado a clases debido a una enfermedad, un proceso penal podría determinar la separación de la familia.

“Eso es impensable”, dijo. “Todo porque una familia no llevó a un niño al médico porque no tenía dinero para pagar una consulta médica, cuando esas cosas deberían estar garantizadas desde el principio”.