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Según economistas, las medidas del presidente Donald Trump contra la inmigración y los recortes a los programas de seguro público amenazan con frenar el crecimiento del sector.
Ahora los republicanos piden alimentos sanos en las escuelas, pero antes criticaban las iniciativas que sobre el tema presentaban los demócratas.
A pesar de algunos avances este año, los recientes reveses en las legislaturas más conservadoras dejan claro lo difícil que es proteger a los pacientes.
Expertos en autismo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades no fueron consultados para el esperado anuncio de la Casa Blanca.
Las medidas del gobierno han despertado una nueva preocupación: la creciente dificultad para que médicos, hospitales y otros proveedores de salud puedan seguir atendiendo a personas sin seguro médico.
En una orden ejecutiva reciente, el presidente dispuso que se retiraran los fondos a los programas que se dedican a la reducción de daños.
En conjunto, estas reducciones representan un cambio radical en la forma en que se financian y se ofrecen los programas estatales de salud.
Estos estados brindan cobertura médica integral a inmigrantes pobres y con discapacidades que viven en el país sin estatus migratorio permanente.
Muchos de sus seguidores se oponen a las vacunas y creen que son peligrosas, a pesar de la evidencia científica que demuestra lo contrario.
El Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien se ha opuesto a las vacunas, coincidió en que la mayoría de las personas deben vacunarse contra la gripe.
La región es una de las más pobres del estado. En el condado de Alamosa, 2 de cada 5 residentes están inscritos en Health First Colorado, el programa estatal de Medicaid.
Los pacientes que necesitan atención médica tienen cada vez más miedo de buscarla después que Trump derogara una política de la era Biden que prohibía redadas en zonas "sensibles" como escuelas, iglesias y hospitales.
Algunos buscan modificaciones específicas a las nuevas normas para cada estado. Otros pretenden implementar los requisitos laborales antes de que la ley federal entre en vigencia a finales de 2026.
Las agencias dentro del Departamento de Salud y Servicios Sociales responsables de especificar quién debe vacunarse no están necesariamente sincronizadas, emitiendo recomendaciones en apariencia contradictorias.
Entre marzo y junio, abogados de menores inmigrantes recopilaron estos testimonios, y otros de jóvenes y familias detenidas, en lo que describen entornos “con apariencia carcelaria” en distintos puntos de Estados Unidos.
Estudios demuestran que el trabajo de las promotoras puede reducir las hospitalizaciones, y las visitas a las salas de emergencias y a las clínicas de urgencias.
A lo largo del país, pediatras dicen que padres ansiosos están preocupados por si continuará habiendo acceso a las vacunas infantiles de rutina.
El lugar de trabajo es la nueva zona cero para abordar la salud mental. Esto significa que las empresas, tanto empleados como supervisores, deben hacer frente a crisis que van desde la adicción hasta el suicidio.
Esto, a su vez, perjudicaría las finanzas de hospitales, residencias de adultos mayores y centros de salud comunitarios, y podría obligarlos a reducir servicios y personal, hasta a cerrar instalaciones.
Las redadas federales de inmigración, que parecen haber afectado al menos a una clínica de salud en el estado, ya están provocando que algunas personas teman buscar atención médica.
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