El discurso anti inmigrante complica la vacunación contra covid en estados del sur
Mientras el país se embarca en la abrumadora tarea de vacunar, a muchos funcionarios de salud se les dificulta la tarea de vacunar a 11 millones de indocumentados.
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Mientras el país se embarca en la abrumadora tarea de vacunar, a muchos funcionarios de salud se les dificulta la tarea de vacunar a 11 millones de indocumentados.
Es importante que todos se vacunen, independientemente del estatus migratorio, no solo como una buena práctica de salud pública, sino también desde una perspectiva ética y humana.
El virus ha cobrado un precio desproporcionado en las comunidades de color y entre los inmigrantes, y los trabajadores de salud no se han librado de esa tendencia.
Los proyectos de ley de atención médica y las iniciativas presupuestarias de los políticos están llenas de ideas y dólares, y se oponen a industrias poderosas.
Jane García, directora ejecutiva de la Clínica de La Raza, que opera una red de 30 centros comunitarios de salud, ha sido testigo activo de la lucha por la salud de los inmigrantes.
Defensores de la salud mental dicen que la situación es particularmente difícil para los indocumentados, tanto para el acceso al tratamiento como con las autoridades de inmigración.
Algunos jóvenes ya están diciendo que no se inscribirán para tener cobertura pública porque temen que las políticas federales de inmigración puedan luego penalizarlos.
En el condado de Sonoma, la nación vitivinícola de California, trabajadores enfrentan la cosecha de la uva con el riesgo de inhalar partículas peligrosas que genera el humo.
Inmigrantes, no sólo de países hispanos, sino de todo el mundo, y algunos no inmigrantes también, están comprando una amplia gama de medicamentos ilegales en todo el país,
La regla permitiría al gobierno federal negar más fácilmente la residencia permanente a los solicitantes que usan, o se considere que pueden usar, programas financiados con fondos federales.
Una revisión realizada por Kaiser Health News de miles de páginas de informes de inspecciones realizadas entre 2007 y 2019 revela patrones inquietantes en las auditorías de Nakamoto Group.
Más mujeres embarazadas deben vivir meses en refugios en la frontera, esperando por sus audiencias de asilo en EE.UU. Reciben poco o ninguna atención prenatal.
Ya no son hombres solos en busca de trabajo. Familias enteras buscan asilo en los Estados Unidos, y deben esperar en refugios atestados y zonas de violencia al sur de la frontera.
Cuando se graduó, el doctor J. Luis Bautista juró ayudar a las miles de personas que en el Valle Central de California tienen hasta miedo de ir al médico.
La administración de Newsom escuchó los reclamos de cuatro condados y decidió cambiar el curso. Usará dinero de las arcas estatales para cubrir a esta población, de aprobarse su presupuesto.
Grupos de derechos civiles denuncian que los inmigrantes detenidos en un centro de Adelanto, California, no reciben el urgente cuidado médico y mental que necesitan.
En el condado Hidalgo, que incluye a la ciudad de McAllen, y en el de Cameron, ambos sobre el Valle del Río Grande, no hay hospitales públicos. Y el estado no expandió Medicaid.
En los albergues, migrantes centroamericanos y mexicanos muchas veces están enfermos y debilitados. Un grupo de voluntarios de California llevó una clínica móvil a uno de estos lugares para atenderlos.
En consultorios improvisados en depósitos, médicos y asistentes voluntarios pasan largas horas atendiendo las necesidades de salud de miles de migrantes.
Un brote de paperas y una cuarentena en el Centro de Procesamiento de Inmigración y Control de Aduanas de Pine Prairie, en Louisiana, impidió que los inmigrantes obtuvieran recursos legales, incluidos sus representantes legales.
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