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Aunque lleva varios años en funcionamiento, el espacio se ha vuelto aún más crucial en los últimos meses, con la administración Trump recortando fondos a muchas organizaciones de servicios sociales y adoptando una postura agresiva frente a las personas sin hogar y el consumo de drogas.
El gobierno federal ha reducido drásticamente la cantidad de vacunas infantiles recomendadas, dejando fuera seis inmunizaciones de rutina que han protegido a millones de personas de enfermedades graves, discapacidades a largo plazo y muertes.
Los CDC calculan que 2,2 millones de personas en Estados Unidos podrían beneficiarse del uso de medicamentos preventivos contra el VIH, pero solo poco más de una cuarta parte los recibe.
El aumento en el diagnóstico y la conciencia sobre el autismo ha hecho que más familias busquen tratamiento para sus hijos. Una terapia en especial ha resultado exitosa.
Nueva ley recorta más de $900.000 millones en financiamiento federal para Medicaid. También elimina alrededor de $187.000 millones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.
Las verificaciones de antecedentes para comprar armas aumentaron 60% de 2019 a 2020, año en que el gobierno federal declaró la emergencia sanitaria por covid.
Ese mismo año, más de 45.000 personas murieron por violencia con armas de fuego.
Hay aproximadamente 5.100 personas sin hogar en Washington, D.C., incluyendo aquellas en albergues temporales, según un conteo realizado a inicios de 2025.
A casi dos semanas de iniciada la operación llamada Catahoula Crunch, que comenzó el 3 de diciembre, profesionales de salud y defensores comunitarios en Louisiana y Mississippi reportan un aumento inusual de pacientes inmigrantes que se han salteado citas médicas.
A expertos médicos les preocupa que una mesa redonda convocada en julio por la Administración de Alimentos y Medicamentos pueda provocar más casos de depresión no tratada.
Un comité de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades votó para poner fin a la recomendación universal de aplicar la vacuna contra la hepatitis B a los recién nacidos.
El sistema de salud en Estados Unidos depende del personal nacido en el extranjero para cubrir plazas como médicos, enfermeros, técnicos y otros profesionales, especialmente en zonas rurales.
os planes con deducibles altos —es decir, la cantidad que los pacientes deben abonar por la mayoría de los servicios médicos antes que el seguro se haga cargo— se han vuelto cada vez más comunes.
El estatus de Estados Unidos depende de si los principales brotes ocurridos este año tienen origen en el gran brote del oeste de Texas que comenzó oficialmente el 20 de enero.
Ahora, los estados deben cumplir con las nuevas reglas o enfrentar sanciones que podrían obligarlos a cubrir una parte mayor del costo del programa.
Un paquete de programas federales que por años han apoyado a mujeres y niños también está en la mira de Trump y de miembros de su gabinete, que dicen impulsar políticas pro natalidad.
Ante la falta de directrices claras a nivel federal, los estados deben llegar a un acuerdo sobre cómo definir la fragilidad médica.
Desde 1991, una dosis de la vacuna al nacer es hasta 90% efectiva para prevenir la infección transmitida por la madre si se administra en las primeras 24 horas de vida.
La demanda de atención médica en casa, incluyendo los cuidados paliativos domiciliarios, se ha disparado desde el inicio de la pandemia de covid, al igual que el número de personas que cuidan a familiares.
Drones que entregan medicamentos y telesalud en bibliotecas locales son algunas de las ideas que líderes estatales acaban de presentar para gastar su parte de un programa federal de salud rural de $50.000 millones.
Las regulaciones federales sobre bicicletas eléctricas son limitadas y los esfuerzos para ampliarlas se han estancado, lo que ha dejado a estados y condados con la tarea de llenar ese vacío.
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