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Para muchas personas que tienen planes médicos creados por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) —porque trabajan para pequeñas empresas o pagan su propia cobertura— es probable que las tarifas hayan aumentado de forma aún más drástica.
Casi 4 de cada 10 mujeres menores de 30 años encuestadas en septiembre y principios de octubre dijeron que el aborto es la cuestión más importante a la hora de emitir su voto.
Social Circle presentó una demanda en una corte federal contra el ICE que argumenta que la construcción de un centro de detención pondría presión sobre los sistemas locales de agua potable y tratamiento de aguas residuales.
Uno de los puntos más controversiales es comprobar si la persona está lo suficientemente enferma como para conseguir una exención al requisito.
A pesar de algunos avances este año, los recientes reveses en las legislaturas más conservadoras dejan claro lo difícil que es proteger a los pacientes.
La medida desconcierta a defensores de la atención médica y a expertos en Medicaid. Algunos dudan, incluso, que sea legal bajo la principal ley de política interna del presidente Donald Trump.
En los últimos 17 años, este fondo ha entregado casi $2.200 millones a estados, territorios, grandes ciudades y entidades para preparar los sistemas de salud ante futuras pandemias, ciberataques o tragedias con múltiples víctimas.
El demócrata Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton presentan a los votantes dos visiones claramente opuestas en la carrera por la gobernación, en un momento en que el respaldo público a la amplia red de protección social de California comienza a debilitarse.
Algunos de estos centros de salud comunitarios podrían verse obligados a reducir personal médico y administrativo o servicios. Incluso podrían llegar a cerrar.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el temor a las deportaciones masivas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se ha apoderado de las comunidades inmigrantes.
Indiana encabeza ese impulso, con una nueva ley que exige a los solicitantes demostrar que han estado trabajando o participando en una actividad similar por tres meses consecutivos para recibir beneficios.
Las agencias estatales de Medicaid pueden tener dificultades para mantener suficiente personal que ayude a las personas a inscribirse en los beneficios. La salud puede estar en peligro.
Las visitas a salas de emergencias por problemas dentales no relacionados con lesiones físicas aumentaron casi un 60% a nivel nacional en niños menores de 15 años entre 2019 y 2022.
Se estima que el 47% de los edificios residenciales de Estados Unidos tiene humedad o moho. Así que, aunque la última temporada de huracanes esté por terminar, siguen presentes los problemas de salud asociados al moho.
Estas fatalidades han aumentado un 20% a lo largo de Estados Unidos con respecto a hace una década: de 32.744 en 2014 a 39.345 en 2024.
El regreso de Trump a la Casa Blanca ha dado un nuevo impulso a “Hacer América saludable de nuevo”, un movimiento controversial que desafía las ideas predominantes sobre la salud pública y las enfermedades crónicas.
Tanto el presidente como el secretario de Salud han insistido en que hay una relación, pero no se ha mostrado ninguna prueba. Por décadas, la ciencia ha rebatido esta teoría.
El personal de una clínica de urgencias encontró otra garrapata en el cuerpo de Leah durante esa visita. Pero su aseguradora no quiso pagar por el tratamiento.
Hospitales de todo Estados Unidos están intentando reducir las muertes maternas y las complicaciones posteriores al embarazo utilizando una herramienta muy sencilla: una pulsera de silicona con la inscripción "Di a luz".
En 2024, el año más reciente con datos disponibles, la tasa de mortalidad infantil en Alabama fue de 7,1 muertes por cada 1.000 partos con recién nacidos vivos.
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